El Pleno del Congreso aprobó el proyecto que permitirá que los afiliados accedan al 95,5 de su fondo, al jubilarse. El Mgtr. Jorge Gallo, comenta este tema.
Por Elena Belletich Ruiz. 02 diciembre, 2015.Hace más de 15 días la SBS dio marcha atrás en la aplicación de la nueva tabla de mortalidad que originaría la disminución de las pensiones que dan las AFP. Sin embargo, la fallida intención dejó cola: un proyecto de ley aprobado, por la Comisión de Economía del Congreso, para que los afiliados accedan hasta el 95,5 de su fondo, al cumplir los 65 años, y diversa propuestas alternativas, inclusive algunas de la entidad matriz de una AFP.
Al respecto, el Mgtr. Jorge Gallo Costa, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del Universidad de Piura, habla sobre el origen de esta propuesta y los riesgos que su aplicación traería. Señala que las AFP venían siendo cuestionadas no solo porque han generado menos rentabilidad de la esperada sino porque las pérdidas son asumidas solo por los afiliados, mientras que la rentabilidad de estas nunca se ha visto comprometida.
Esto, expresa, es faltar a la justicia y equidad; más cuando “el afiliado paga la ineficiencia en las inversiones de estas administradoras”. El docente de la UDEP explica que, actualmente, el afiliado recibe al jubilarse una pensión de acuerdo al fondo acumulado y a la esperanza de vida establecida. “Como no está muy claro cómo se determina esta esperanza de vida de los peruanos ni qué pasa con los fondos del afiliado cuando fallece, se ha tejido una serie de especulaciones que ni la SBS ni las AFP han podido (o querido) aclarar; y cuando lo han hecho, el tema ha sido tan satanizado que muchos han perdido la confianza en el Sistema Privado de Pensiones (SPP).
“Queda claro que no hay límite de fondo de pensiones para tener acceso al mismo, por lo que da igual si este fondo acumulado es de cinco mil, veinticinco mil o medio millón”, subraya Gallo Costa.
El proyecto de ley
Casi de inmediato, ante la posibilidad de ver extendida la edad mínima para la jubilación y la disminución del monto de pensiones por una nueva tabla de mortalidad, surgió el proyecto de ley, según el cual los afiliados a las AFP podrían acceder al 95,5 % de sus fondos, dejando el 4,5 para seguro de salud.
En plena campaña electoral, llovieron, obviamente, posiciones en contra; pero también propuestas alternativas como: aprobar el retiro del 100% de los fondos al llegar a los 65 años; retiro del 50%; retirar solo el enganche para compra de una vivienda; etc. Quizá las que más llamaron la atención, por venir de una entidad matriz de la AFP Prima, fueron las realizadas por el BCP. El gerente general de esta organización planteó que cualquier entidad financiera pueda ofrecer fondos previsionales; que el afiliado que tenga una enfermedad terminal pueda retirar el 100% de sus fondos; o que parte de estos puedan ser utilizados como garantía para una primera compra de vivienda….
¡Cuidado con lo que pedimos!
Una natural alegría y esperanza surgió con el proyecto de ley de la Comisión de Economía del Congreso, sobre todo para quienes están cerca a los 65 años, por la posibilidad de contar con dinero en efectivo para invertir, para usar en lo que se desee y para comenzar a disfrutar en serio del merecido descanso después de 30, 40 y hasta 45 años de trabajo continuo. Sin embargo, pese a los anhelos de todos, hay cuestiones que se deben considerar.
El Mgtr. Gallo Costa indica que si bien el jubilado podría elegir libremente qué hacer con su fondo de jubilación, “el peligro estaría en su capacidad para invertir o ahorrar ese fondo, que podría quedar a merced de familiares o amigos que, seguramente, propondrán mil y una alternativa de ahorro o inversión o el famoso “préstame el dinero a mí que te pago más que lo que haría una Banco o Caja”.
Por otra parte, anota el docente de la UDEP, “habría que ver el que sistema financiero (cajas municipales, que son las que pagan más intereses por los ahorros) podrían administrar estos fondos en modalidad de depósitos, pues su negocio es la intermediación, por lo que esos fondos deberán ser prestados eficientemente para poder generar rentabilidad y retribuir las tasas de interés ofrecidas al ahorrista”. El sistema podría saturarse de fondos de ahorros y como no habría mercado para colocarlos, las tasas pasivas (ahorros) tenderían a la baja; y, por tanto, se reduciría la rentabilidad esperada por el ahorrista.
Otro peligro sería que el jubilado quiera invertir en un inmueble para alquilarlo. “Si todos van a hacer lo mismo: este incremento en la demanda de compra de inmuebles haría que el precio de estos suba; luego, la sobreoferta de inmuebles para alquilar, haría que bajen los costos de alquileres (no solo el de los jubilados sino de todos los que ya se dedican a ese negocio). Visto así, parecería que los únicos beneficiados serían los agentes inmobiliarios que venderían estos inmuebles; y los inquilinos que pagarían un precio menor. En medio, otra vez, el jubilado sería el único perjudicado.
Disposición de fondos con asesoría
Quizá sería conveniente que los afiliados, puedan disponer de sus fondos, al cumplir los 65 años, condicionados a una asesoría empresarial. Pero, comenta el Mgtr. Gallo: ¿quién podría dar ese asesoramiento?, ¿bajo qué responsabilidad? ¿Quién asumiría el costo de este servicio?
Además, señala, “no se ha considerado que, para entregar los fondos, las AFP tendrán que vender los valores en los que han invertido (instrumentos de renta fija, variables, obras públicas, etc.). Al hacerlo, ¿qué pasará con el precio de estas acciones ante una sobre oferta de las mismas?, ¿cuánto bajaría? ¿Podrían las AFP recomprar estas acciones con los aportes nuevos que vayan ingresando? ¿No se generaría un carrusel?
Hay muchas propuestas para liquidar el Sistema Privado de Pensiones y que los afiliados usen libremente su dinero. Sin embargo, en el Perú “hay muy poca cultura financiera, mucha ignorancia y mucha delincuencia ávida de personas que no saben dónde invertir, incluso muchas personas que no tendrían problemas en disponer de los fondos de jubilación de sus padres o familiares ancianos, sin reparo alguno. Además, ¿sin fondos ni pensión, quién mantendrá a los adultos mayores? ¿Saldrán a reclamar al Gobierno de turno que los ayude porque su dinero se esfumó?”
Como vemos, lamentablemente, el tema es mucho más complejo de lo que parece. Esperamos que sea abordado con seriedad, considerando las opiniones de expertos economistas y profesionales de trayectoria, de modo que prime la visión técnica antes de otros intereses y conveniencias. “Se necesita formar un grupo de trabajo técnico donde participen varios sectores, sin presiones ni lobbies. Pero antes de eso, hace falta que las personas recuperen la confianza en las instituciones públicas y privadas”, subraya Gallo Costa.
(Artículo publicado en el suplemento Semana. Diario El Tiempo, 29/11/2015).
